Historia

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA.

En primer término quiero destacar que ante la exigencia de una justicia administrativa plena, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo especializados en dicha materia, se han posicionado socialmente como una pieza clave del Estado de Derecho cuyo rasgo fundamental es la separación de funciones, pero quizá el más significativo es que la administración pública se constituya en una organización cuya estructura y actividad se encuentre regulada por la ley.

Lo anterior sólo puede ser factible con la maduración plena del proceso contencioso administrativo como una vía jurisdiccional completa y efectiva para que la autoridad como representante de la sociedad, se apegue a derecho ejerciendo sus facultades y obligaciones de manera responsable ante los ciudadanos.

Por ello, la justicia administrativa es una pieza angular del Estado de Derecho contemporáneo ya que contribuye al orden, al respeto y a la gobernabilidad, como un medio de control eficaz de la administración pública activa, para que ésta cumpla con sus funciones básicas y evite la confrontación de facto entre las autoridades y los particulares inconformes, y con ello someter sus diferencias a una instancia técnicamente autónoma, imparcial y especializada.

Así tenemos, que el Estado de derecho moderno no se concibe sin un sistema que tenga un diseño que comprenda en su estructura los siguientes elementos:

  1. Un ordenamiento jurídico, al cual deben estar sujetos las actuaciones de las autoridades;
  2. El reconocimiento de los derechos de los gobernados;
  3. El establecimiento de los medios idóneos para la defensa de esos derechos, por ejemplo el juicio contencioso; y
  4. Un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado.

Los Tribunales Administrativos han servido tradicionalmente como una válvula de escape de controversias que tienen los gobernados en contra del Estado, a fin de atemperar su inconformidad con alguna actuación del propio sistema que consideren lesiva a su interés, es decir, constituye un instrumento del Estado mediante el cual posibilita la corrección de cualquier desvío, exceso, desacato, arbitrariedad o ligereza de la autoridad en contra del sistema normativo establecido.

Incluso podemos agregar, que en ocasiones sirve como un instrumento de impulso para la mejora de los actos emitidos por la autoridad, en razón de que, a través de las resoluciones de los tribunales se informan sobre las deficiencias o errores que cometen en su manera de actuar y en ocasiones modifican sus actos, lo cual redunda en mayor certeza jurídica para los gobernados

En el Estado de Sinaloa, con la expedición de la Ley de la Administración de Justicia Fiscal, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 52 de fecha 30 de abril de 1976, misma que entró en vigor el día 3 de mayo del mismo año de su publicación, nace a la vida jurídica el Tribunal Fiscal del Estado, como parte de ese esquema de autocontrol de los actos emitidos por las autoridades del Estado.

En sus inicios, la competencia del Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa se limitaba a conocer y resolver las controversias que se suscitaran entre los particulares y las autoridades fiscales y administrativas del ámbito estatal únicamente.

A través de la reforma que se hizo a la Ley de la Administración de Justicia Fiscal del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 391, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 18 de junio de 1986, se logró ampliar su competencia para conocer también respecto a las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados.

Hasta el día 26 de marzo de 1993, estuvo vigente la citada Ley de la Administración de Justicia Fiscal del Estado de Sinaloa con que nació el tribunal, ya que la misma fue abrogada según lo establecido en el artículo primero transitorio del Decreto número 44 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 26 de marzo de 1993 en el que se contiene la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, misma que entró en vigor el día siguiente de su publicación.

Con la aprobación de la referida Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se otorgó a los sinaloenses un ordenamiento legal de los más avanzados en su género en nuestro País y se dotó de un órgano de impartición de justicia administrativa, con competencia genérica para las materias administrativa y fiscal, formalmente autónomo, de plena jurisdicción para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, colegiado en la alzada, con Salas Regionales unitarias.

El 26 de diciembre de 1994, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa, el decreto 480, emitido por la legislatura local, que reformó y adicionó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Una de las reformas más importantes de este decreto, lo constituyó el otorgamiento de facultades para declarar la configuración de la positiva ficta.

Asimismo según decreto publicado en el “Periódico Oficial del Estado” del 8 de abril de 1998, se hicieron algunas reformas y adiciones al artículo 13 de la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa, dentro de las que destaca la adición de la fracción VIII, del artículo 13 de dicho ordenamiento, en la cual se define con mayor claridad la competencia del Tribunal para conocer de los actos emitidos por autoridades de facto. Así como la creación de la Sala Superior.

La creación de dicho órgano (la Sala Superior), constituye un avance para la jurisdicción administrativa en nuestra entidad al concluir la etapa en la que los Magistrados del Tribunal además de estar al frente de las Salas Regionales del Tribunal integraban el Pleno del mismo, conociendo en la alzada de los asuntos resueltos en la primera instancia lo cual era cuestionable, ya que si bien es cierto los Magistrados no podían ser ponentes en los juicios radicados en la Sala Regional a su cargo, no menos cierto resulta que participaban en la discusión final que determinaba la confirmación o la revocación de las resoluciones por ellos emitidas.

Es de resaltarse que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa goza de una amplia estructura y competencia para el ejercicio de la encomienda que tiene asignada, dentro de la que cabe distinguir la señalada por los artículos 3º y 13, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, que se puede resumir en lo siguiente:

La resolución de juicios derivados de controversias suscitadas en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades estatales, Municipales o sus organismos descentralizados,( autoridades de iure) o bien personas o instituciones que funjan como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares. (Autoridades de facto)

De entrada podemos comentar que dichas hipótesis brindan un amplio espectro de competencia a este Órgano jurisdiccional ya que reconoce en forma amplia las posibles controversias que se pueden presentar contra entes que actúen como autoridad y causen una afectación a los particulares, recogiendo incluso con tales supuestos los cambios que se generan al interior del Estado con motivo del adelgazamiento o deslinde de su actuación, ya que en ocasiones queda el ejercicio de actividades que tiene encomendadas en manos o a decisión de particulares que actúan en substitución del mismo.

Que se presenten contra actos en materia administrativa o fiscal, que configuren negativa ficta de las autoridades del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados estatales o municipales.

De igual forma en relación a la configuración de la positiva ficta, sin embargo, únicamente respecto a la materia fiscal.

También se tiene competencia para conocer respecto a juicios de lesividad promovidos por la autoridad, para que sean nulificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a los particulares, que causen una lesión a la Administración Pública Estatal o Municipal o a sus organismos descentralizados por contravenir alguna disposición de los ordenamientos locales vigentes.

Asimismo, se ventilan a través de este órgano jurisdicente, juicios que se refieren a la interpretación y cumplimiento de contratos de naturaleza administrativa en que sean parte el Estado, los Municipios o sus organismos descentralizados.

En los que se impugne el establecimiento de responsabilidad administrativa a servidores públicos del Estado o municipios y sus organismos descentralizados, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

En los que se reclame responsabilidad civil objetiva al Estado, a los Municipios o a sus organismos descentralizados.
Respecto de dicha figura jurídica cabe destacar, que la existencia de un Estado de Derecho sólo es efectiva cuando, además del sometimiento a las disposiciones jurídicas y el establecimiento de los derechos públicos subjetivos de la población, el sistema jurídico prevé la responsabilidad plena de los órganos estatales, para lograr la integral protección del patrimonio individual frente a la afectación que les pueda generar el ejercicio de la función pública, a fin de hacer efectivo el principio de que “todo aquel que cause un daño debe repararlo”.

En nuestro Estado, la hipótesis relacionada a la responsabilidad civil objetiva fue incorporada en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, mediante Decreto No. 480, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 155, primera sección, de fecha 26 de diciembre de 1994.

Dicha figura fue adicionada a nuestra Constitución Federal, en su artículo 113 segundo párrafo. Tal cambio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio 2002, así como en la Constitución Estatal, en el último párrafo de su artículo 130, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el día 20 de diciembre de 2006.

En nuestra Entidad no existe una Ley en la que se definan las bases, límites y procedimientos de la indemnización, en términos del segundo párrafo del ordinal 113 de nuestra Carta Magna, de ahí la interrogante de cómo resolver tales controversias.

Sin embargo, al no existir un ordenamiento específico que marque los parámetros para la solución del problema, tendríamos que acudir, en lo no previsto en nuestra Ley, a la figura de la supletoriedad, sin embargo, ello se encuentra expresamente limitado en tal dispositivo, en los términos siguientes:

“ARTICULO 33.- Los asuntos competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa se promoverán, substanciarán y resolverán en los términos que dispone la presente Ley. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, siempre que se refiera a instituciones previstas en esta Ley y que la disposición supletoria se avenga al procedimiento contencioso administrativo que la misma establece.

Por otra parte, la responsabilidad del Estado se encuentra regulada en el Código Civil del Estado de Sinaloa, en específico en su artículo 1812, sin embargo, dicho precepto quedó derogado con la adición del segundo párrafo del artículo 113, Constitucional, ya que se modificó el esquema de responsabilidad de las autoridades, ya que en su contenido no establece una responsabilidad civil objetiva directa, ya que ésta tiene como peculiaridad, según lo afirmado por diversos autores, entre ellos, José Roldán Xopa, en su obra: La Responsabilidad Patrimonial del Estado, y Álvaro Castro Estrada , que la responsabilidad civil objetiva no se funda en la culpa o dolo del servidor público, ni tampoco en su responsabilidad subsidiaria, sino directa, es decir, ahora serán los entes públicos quienes deberán indemnizar la actividad dañosa de sus servidores públicos; elementos que no recoge el precepto citado, quedando con ello de relieve su discrepancia con la responsabilidad civil objetiva que regula la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Así las cosas, queda de manifiesto la necesidad de regular lo relacionado al tema que nos ocupa, atendiendo principalmente al propio contenido del segundo párrafo del artículo 113 de nuestra carta Magna, pues en el mismo se enuncia en forma genérica que el Estado responderá por los daños que cause con motivo de su “actividad administrativa irregular”, el cual nos pone frente a la necesidad de determinar el alcance y contenido de tal expresión, puesto que la responsabilidad
no se genera por cualquier actividad administrativa, sino por aquella que se considere irregular, es decir, como dice José Roldán Xopa, “es la irregularidad de la actividad administrativa la que hace indemnizable el daño y no el daño lo que hace irregular una actividad administrativa” por tanto puede haber casos en que exista daño pero no sea indemnizable.

En tal tesitura, se debe establecer a través de la legislación local los supuestos en que habrá de considerarse “actividad administrativa irregular” (como sucede en materia federal) una actuación del Estado, ya que con ello se otorga mayor certidumbre jurídica a los gobernados, e incluso mayor garantía a los servidores públicos de que no están incurriendo en algún daño que pudiera resultar a la postre indemnizable, ya que, aun cuando la responsabilidad es directa, es decir, que debe responder la institución al afectado, no debemos soslayar que el Estado puede repetir en contra del servidor público que desplegó la actividad administrativa irregular.

Conforme al artículo 108 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en relación con el ordinal 57 fracciones II y III del mencionado ordenamiento, este órgano jurisdiccional es competente para conocer las controversias planteadas por servidores públicos en contra de las sanciones impuestas por las autoridades respectivas, tanto de la Administración Pública, como el Ejecutivo y Legislativo.

Según publicación del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa del 23 de abril de 2008, se instituyó la Ley de Auditoría Superior del Estado, en la cual se otorga competencia a este órgano de Impartición de Justicia, para conocer de los juicios que promuevan los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos emitidos por la Auditoría Superior del Estado, en materia de imposición de sanciones, las cuales se impondrán en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. (artículo 97, en relación con los ordinales 94 y 96 de la Ley de Auditoría Superior).
Hoy en día, en Sinaloa se cuenta con una potestad jurisdiccional que vigila que la actuación de las autoridades del Estado y Municipios, se apeguen a los postulados derivados de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, como son de legalidad, irretroactividad, audiencia, formalidades del procedimiento, competencia, forma escrita y fundamentación y motivación, cuyo diseño se encuentra delineado, en mi consideración, de una manera que permite a los a los destinatarios de la actividad administrativa, controvertir casi cualquier acto jurídico que emita la misma siempre y cuando lesione su esfera jurídica, aspirando con ello a lo consagrado en el artículo 17 de la citada ley fundamental.

No obstante lo anterior, es de relevancia destacar la amplia competencia que se ha conferida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por decreto que se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, el 14 de septiembre de 2011, en el que se realizaron diversas reformas y adiciones a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, entre las cuales quedan de relieve, la autonomía presupuestaria, lo cual viene a fortalecer la independencia, imparcialidad y transparencia en la impartición de justicia, ya que el tribunal no se sujetará a presiones de una de las partes.

De igual forma, se destaca la designación de Magistrados, que constituye un sistema novedoso único en la justicia administrativa del país y más adecuada, ya que no será una de las partes en el juicio quien designe a los magistrados, sino el propio tribunal, lo que fortalece su autonomía e imparcialidad.

Asimismo, se incrementa la competencia, ya que se conoce en la ley actual (artículo 13) de juicios respecto de actos de carácter general, lo cual es una situación novedosa, entre otros como la positiva ficta que incluye a la materia administrativa, se adiciona el recurso de queja, medidas cautelares, se lleva a cabo el procedimiento natural, sin audiencias, salvo en los casos que la naturaleza de las pruebas lo amerite.

Se cambia el procedimiento relativo a los recursos de revisión, siendo éste más breve, y se adiciona el juicio en línea.

En conclusión, tenemos que con el universo de los asuntos conferidos al Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Sinaloa, se puede afirmar, que dichas hipótesis brindan un amplio campo de competencia a dicho órgano jurisdiccional, ya que reconoce en forma amplia las posibles controversias que se pueden presentar contra entes que actúen como autoridad y causen una afectación a los particulares, recogiendo incluso con tales supuestos los cambios que se dan al interior del Estado con motivo del adelgazamiento o deslinde de su actuación, ya que en ocasiones queda el ejercicio de actividades que tiene encomendadas en manos o a decisión de particulares que actúan en substitución del mismo, avances que generan un interés de continuar con la investigación y estudio del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

ROLDÁN XOPA JOSÉ, LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, COMPILACIÓN Y ESTUDIO INTRODUCTORIO, PORRÚA. MÉXICO, 2004.

CASTRO ESTRADA ÁLVARO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, 3ª ED., MÉXICO, 2006.

LEGISL en el artículo 13 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa ACIÓN CONSULTADA

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA.

LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.